La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal declaró este jueves la nulidad de cuatro artículos de un decreto del expresidente Mauricio Macri que habilitó el acceso al blanqueo de activos en el marco del llamado “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios públicos.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, quien hizo lugar a una demanda de la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
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El diputado de Unión por la Patria Ricardo Lissalde fue imputado por el fiscal Roberto Javier Berlingieri por el delito de lesiones en el contexto de violencia de género y pidió a la Jueza de la causa que solicite su desafuero a la Cámara de Diputados. El episodio investigado sucedió el 8 de febrero de este año en Saladillo.
Sergio Massa envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales
En la sentencia, el magistrado de primera instancia sostuvo que la firma de ese decreto significó “a extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley”.
Los fundamentos de la Justicia para anular el decreto de Macri
Según sus fundamentos, la medida implicó la inclusión en el beneficio “de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82 expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley”.
Además, el mencionado decreto 1206/06 llevó la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a “situaciones no previstas” y a la “inclusión de sujetos originalmente excluidos”.
“Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley”, concluyó el juez.
El magistrado sostuvo que “más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria”.
Si la decisión judicial queda firme en instancias de apelación, la AFIP podrá reclamar a los contribuyentes involucrados el pago de todos los impuestos no abonados sobre sus bienes incluidos en el blanqueo más intereses por pago fuera de término, recordó el juez que informó en la causa el organismo.
En ese sentido, se espera que la AFIP presente ante la Justicia la lista de familiares de funcionarios públicos que blanquearon capitales.
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