El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, señaló que la superpoblación carcelaria va en línea ascendente en los últimos 13 años. "Nunca disminuyó la población total, así que también hay una proyección de que va a continuar de la misma manera en los próximos años", precisó.
inicia sesión o regístrate.
El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, señaló que la superpoblación carcelaria va en línea ascendente en los últimos 13 años. "Nunca disminuyó la población total, así que también hay una proyección de que va a continuar de la misma manera en los próximos años", precisó.
Durante el encuentro en la Cámara de Diputados, días atrás, en el que el ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Marcelo Domínguez, expuso sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial, habló sobre las gestiones que se llevan adelante con el Gobierno nacional para ampliar la Alcaidía General 1. En este sentido, aseguró que ya se aprobó el proyecto de obra que realizaron especialistas del Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, "trabajo que no representa erogación para la Provincia", aseveró.
"En mayo pasado iniciamos gestiones ante Nación para aminorar la sobrepoblación principalmente en la Alcaidía y la respuesta fue favorable e inmediata", señaló. Además, se refirió a la necesidad de avanzar en la modificación de la ley orgánica penitenciaria, vigente hace 43 años.
Entre otros detalles, informó sobre las mejoras edilicias que concretaron con recursos propios y de la Provincia, capacitaciones al personal, talleres de laborterapia para privados de la libertad y otras acciones tendientes a favorecer la reinserción social de los penados.
Un antes y un después en el crecimiento de la población carcelaria se dio cuando en el fuero provincial se comenzaron a gestionar las causas por microtráfico, por el 2013. Esto engrosó las cifras de ingresos a los penales.
La emergencia
En julio de 2022 el Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió declarar la emergencia en materia penitenciaria por tres años y conformar una comisión integrada por representantes de distintos ámbitos a la que se encomendaría el análisis de la situación actual y la coordinación entre los diferentes órganos del Estado provincial para proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario y mejoras en las condiciones de privación de la libertad. Sin embargo, "la comisión que debía encarar las políticas públicas de la emergencia no se conformó hasta el momento", informaron.
Todo precario
"Lo que planteamos siempre es que las unidades carcelarias que hemos monitoreado no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de los derechos humanos. El mantenimiento es muy precario, abunda la suciedad, los olores nauseabundos, la humedad, los hongos en las paredes", señaló.
Añadió que hay una permanente convivencia con insectos, alimañas y que en muchos espacios no hay ventilación ni la iluminación adecuada y el nivel de sobrepoblación intensifica toda la situación.
"Hay muchas personas que están durmiendo en el piso, sin colchón o con medio colchón. En general, aún los colchones que existen están en mal estado y también las propias autoridades plantean que hay un retraso muy grande en la tramitación de los nuevos colchones, frazadas y materiales para mejoras como pinturas, en los sanitarios y otros arreglos", sostuvo.
Con relación a los sanitarios, precisó que están en pésimo estado. "Son insuficientes. La mayoría de las celdas no tienen baño en su interior. En algunos casos hay letrinas que están en las mismas celdas, en otros, afuera, pero llega un olor nauseabundo en todas partes", dijo Solá.
El acceso al agua potable también representa otra problemática, al igual que la falta de mantenimiento de los espacios.
"Hay lugares como Orán que cuentan con una única unidad para la cárcel de varones, de mujeres, del dispositivo del CAJ 2, del penal juvenil y Alcaidía, entonces un mismo móvil, un vehículo es el que tiene que hacer los traslados sanitarios o para audiencias judiciales, lo que genera largas esperas, o retardos o falta de cumplimientos con los turnos o con las audiencias", recalcó.
La falta de acceso a la salud y asistencia es foco de reclamos. "Hay muchos casos que llegan a nosotros relacionados con la falta de tratamientos, medicación u operaciones", mencionó.
"También lo que se plantea recurrentemente es el maltrato que se da a las visitas, sean familiares o amistades, en el momento de la requisa", concluyeron.
