Extrema violencia: 30.000 pesos es el precio que se paga para matar inocentes en una ciudad en la que sobran tiradores

ROSARIO.- Por 30.000 pesos los Cortez, padre e hijo, asesinaron a dos mujeres que esperaban el colectivo el 23 de julio del año pasado. La hipótesis del fiscal es que la orden que había dado René Ungaro, un narco que estaba preso en ese momento en el penal de Ezeiza, era que debían disparar contra “cualquiera”, no importaba quién era el blanco. La obsesión de El Brujo, como apodan a Ungaro, era exponer su bronca porque la justicia federal ordenó su traslado a la cárcel de Rawson, en Chubut.

Por 37,5 dólares al valor del fluctuante mercado blue, Fernando Cortez, de 45, y su hijo Lautaro, de 20, cumplieron con la orden de matar a cualquier persona que se atravesara en su camino, sin importar quiénes eran. El 23 de julio de 2022 Claudia Deldedebbio y su hija Virginia Ferreyra, profesora de danzas árabes, esperaban el colectivo en la plaza Rodolfo Walsh, en el barrio Municipal, en el sur de Rosario. Claudia, de 58 años, había preferido acompañar a su hija a la parada por temor a la inseguridad. Ambas estaban paradas cuando un auto paró a unos metros de donde se encontraban. Lautaro Cortez se bajó del vehículo que conducía su padre y comenzó a disparar contra la torre Nº11, donde viven varios tranzas que venden droga en la zona. El joven le preguntó a las dos mujeres: “Y ustedes qué miran”. Y comenzó a dispararles para cumplir la orden que les había dado Ungaro.

Claudia falleció en el acto, a causa de las heridas de bala, y su hija agonizó dos meses, y murió el 24 de septiembre del año pasado.

En el inicio del juicio, los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti imputaron a Ungaro, que ya fue condenado por narcotráfico, como instigador del crimen de esas dos mujeres. También acusaron a otro preso alojado en el penal de Coronda, Nicolás Martínez, por haber contactado a los Cortez para que ejecutaran el doble asesinato.

El padre e hijo que actuaron de sicarios fueron acusados no sólo por el doble homicidio, sino también por balear el Centro Municipal de Distrito Sur el 4 de septiembre de 2022. Ese atentado también fue instigado, según la acusación, por Ungaro, que proviene de una familia de mafiosos y narcos de la zona sur de Rosario. El Brujo fue condenado por narcotráfico y por asesinar en 2010 al jefe de la barra de Newell’s, Roberto Caminos, alias Pimpi. Se alió luego con otra familia de narcos de la zona, el clan Funes. Y desde la cárcel, donde estuvo gran parte de su vida, continuó con la administración de la violencia y de sus negocios.

Ungaro está sospechado, además, de ordenar un atentado contra los tribunales federales de Rosario desde el penal de Rawson el 28 de septiembre de 2022. Por ese caso, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo pidió que se eleve a juicio la causa que tiene como imputado a Guillermo Camarasa, el autor material. El ataque se produjo en una fecha cercana al doble asesinato de Claudia y Virginia y al atentado a la sede municipal, que ejecutaron los Cortez por 30.000 pesos.

La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva de Martínez, que ya está preso, y la semana que viene se expedirá sobre la situación de Ungaro, que también está detenido. La condena más reciente contra Ungaro fue dictada en diciembre pasado por la Justicia federal, cuando le impuso 12 años de prisión como jefe de una red de narcotráfico en los barrios Tablada y Municipal.

Según los fiscales Saldutti y Carbone, Ungaro fue situado como el “primer instigador” del doble crimen; desde la cárcel federal de Rawson ordenó por teléfono a Martínez, preso en Coronda, la ejecución del ataque. Una orden que este tramitó como parte de la cadena de instigación, dado que “al estar preso en la provincia de Santa Fe disponía del acceso y tenía disponibilidad de las personas que estaban en la calle y cometían los hechos”.

Según la imputación, la orden fue matar a cualquier persona que se encontrara en inmediaciones de la Torre 11, situada en el cruce de Maestros Santafesinos e Isola del barrio Parque del Mercado. Esto debía hacerse “a cambio de una promesa remuneratoria de 30 mil pesos por cada persona fallecida” y sin importar quién recibiera las balas. Cortez y su hijo, en el esquema imputativo, serían quienes concretaron el ataque junto a otros tres hombres aún no identificados.

“Todos actuaron motivados por una promesa remuneratoria luego pagada por Martínez, mediando un acuerdo entre todos para realizar el acto del modo en que lo hicieron, distribuyendo los roles en forma previa y valiéndose de la utilización de un vehículo y armas de fuego que Ungaro y Martínez pusieron a disposición para comer el hecho”, señala la imputación.

Esta trama exhibe con nitidez la naturalidad con la que se usa una violencia extrema en Rosario, que utiliza como mano de obra a personas que nacieron y se criaron fuera del sistema. Es un sicariato prácticamente de subsistencia. Por eso cuesta tan poco dinero matar en Rosario, donde este año se produjeron 205 homicidios. Anteayer fue asesinado en la zona sur Leandro Lanieri, de 17 años. Lo ejecutaron a balazos en la esquina de Chacabuco y Biedma, un lugar donde la muerte está siempre cerca.

El negocio de la violencia, por el que fluye el aceitado mercado de la venta de drogas, se retroalimenta de perfiles como el de los Cortez. O la historia de Lautaro Arenas, acusado de ejecutar al “arrepentido” Carlos Argüelles. Ese joven de 19 años nunca tuvo un empleo ni educación: es analfabeto. Pertenece a esa flota de jóvenes que están fuera del sistema, que solo son integrados por los narcos en el negocio criminal.

“No sé leer ni escribir”, respondió Arenas, que no tiene antecedentes penales, cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu le preguntó si tenía estudios. Está sospechado de gatillar dos disparos en la cabeza de su víctima con extrema precisión. Los otros tres detenidos – Aldana Peralta, Rodrigo Varela y Maximiliano Morel-, que habrían cobrado 180.000 pesos por matar a ese hombre, cuyo testimonio iba a ser clave en el juicio contra su exjefe narco Esteban Alvarado, no terminaron la escuela primaria y nunca tuvieron un empleo formal.

Dos de ellos poseen la tarjeta Alimentar y cobran planes sociales. La familia de Aldana Peralta, quien sería la jefa de este grupo, maneja un comedor comunitario que se llama Corazoncitos Felices, en La Tablada. Su pareja, Dardo Basualdo, está preso en el pabellón Nº4 de la cárcel de Piñero.

Este tipo de sicarios prestan ese servicio de matar, pero muchas veces no pertenecen a una banda determinada. Es un trabajo tercerizado en un universo en el que otras personas cumplen funciones paralelas, como hacer tareas de inteligencia previa al crimen, como ocurrió con Argüelles en enero pasado, cuando el taxista Jorge Ojeda se encargaba de estudiar los movimientos de la víctima.

La hipótesis que en su momento esgrimieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que el crimen de Argüelles se tramó desde las cárceles de Marcos Paz, donde está preso Alvarado, condenado a prisión perpetua el año pasado, con uno de sus sicarios más feroces, como es Mauricio Laferrara, alias Caníbal, acusado de seis homicidios, y en Piñero, ubicada a 20 kilómetros de Rosario, donde ya se había planificado el crimen del testigo, cuyo ataque falló en ese momento. Usaron personas “fungibles”, definieron los fiscales, es decir, que por sus características “son intercambiables”. Fusibles que administra el narco para matar sus enemigos circunstanciales, y también a gente inocente, como el caso de Claudia y Virginia, por el que pagaron 30.000 pesos.

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