Los republicanos ponen en marcha un juicio político a Biden

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pusieron en marcha un juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar, una maniobra que no tiene muchas posibilidad de prosperar dado que no cuentan con mayoría en el Senado.

Los conservadores acusan a Biden de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en unos supuestos negocios irregulares con China.

Sin embargo, para los demócratas no se trata más que de una maniobra política para distraer la atención del cerco judicial que pesa sobre el expresidente Donald Trump (2017-2021), gran favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dominada por los republicanos desde las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, convocó este jueves la primera audiencia sobre la investigación para el “impeachment” (juicio político) contra Biden.

“Una montaña de pruebas”

El congresista James Comer, presidente del comité, afirmó al inicio de la sesión que los legisladores cuentan con “una montaña de pruebas” que demostrarían que el hoy presidente “abusó de su cargo público para el beneficio económico de su familia”.

A la sesión fueron invitados expertos en Derecho para revisar las cuestiones legales que rodean la investigación, pero no se presentaron ni testigos ni pruebas concluyentes de la relación de Biden con los supuestos negocios corruptos.

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La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido de su cargo en un juicio político si cometió “delitos o faltas graves”.

Los republicanos sostienen que por ahora el objetivo del juicio político no es el de destituir al mandatario sino el de poder ampliar la investigación sobre las presuntas irregularidades.

Lo cierto es que no está claro que el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, tenga el respaldo del sector moderado de su bancada para cesar a Biden.

Además, aunque el juicio político prospere en la Cámara Baja, luego tendría que pasar por el Senado, donde los demócratas ostentan la mayoría, por lo que sus posibilidades son nulas.

Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington citado por los republicanos, mostró su apoyo a que el Congreso investigue a Biden por las irregularidades, pero confesó que votaría “No” a cesar al presidente porque no hay pruebas suficientes.

Mientras que Michael Gerhardt, de la Universidad de Carolina del Norte y llamado a testificar por los demócratas, zanjó que “no hay base suficiente” para abrir este proceso contra el mandatario.

Reconocidos juristas

Ambos son reconocidos juristas que testificaron en el juicio político contra Bill Clinton en 1998 y en el primero de Trump, en 2019.

Los demócratas intentaron ayer sin éxito forzar la comparecencia de Rudy Giuliani, exabogado de Trump, a quien acusan de ser el cerebro de los “bulos” contra la familia Biden. Pocas horas para el cierre de Gobierno.

Esta primera audiencia arrancó dos días antes de que en la medianoche del sábado el Gobierno federal se quede sin fondos para seguir operando y tenga que cerrar, lo que tendría un severo impacto en la economía.

Un grupo de republicanos ultraconservadores afines a Trump está en plena rebelión y se resiste a avalar una solución a corto plazo que financie las agencias federales para que la Administración siga funcionando.

La Casa Blanca advirtió este jueves en un comunicado que quedan menos de 60 horas para el cierre de Gobierno, lo que puede derivar en “consecuencias dañinas”, como la pérdida de empleos, la suspensión de sueldo para los militares o dejando la lucha contra el fentanilo sin financiación.

“Nada nos debería distraer de esto”, subrayó el Ejecutivo, en una velada alusión al juicio político de los republicanos.

Desde la Administración de Trump, los republicanos tienen el ojo puesto en los negocios de Hunter Biden, quien está imputado por posesión irregular de armas y ha sido investigado por declaraciones irregulares de impuestos.

Los conservadores han utilizado la figura de su hijo como un arma para desacreditar a Biden, pero hasta el momento no han demostrado una relación directa entre el actual mandatario y los negocios de Hunter.

Biden aspira a su reelección en las elecciones del próximo año, en las que previsiblemente se enfrentará de nuevo con Trump, sobre quien pesan cuatro imputaciones penales, dos de ellas por sus presuntos intentos de revertir los comicios que perdió en 2020. (EFE)