Malas noticias para el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y para todos los argentinos: después de la inflación del 12,4% en agosto, la más alta de los últimos 32 años, se espera una cifra similar para septiembre. La dura situación económica llevó a Massa a adoptar una serie de medidas para contener el impacto en las semanas previas a las elecciones del 22 de octubre y generó malestar en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Primero, el ministro de Economía estableció por decreto un nuevo piso del impuesto a las Ganancias y después que se devolverá el IVA en productos de la canasta básica para jubilados, monotributistas y trabajadores que cobren hasta $708.000 y que entra en vigencia, el lunes próximo.
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Claro está que la medida tiene un costo fiscal importante y esto es lo que tensó la relación con el FMI. El auditor Rodrigo Valdés se mostró molesto porque no fue consultado antes de que el Gobierno lanzara el paquete de medidas, que no estaba prevista en el acuerdo. En Washington, acusan a Massa de priorizar la campaña sobre los compromisos del país con el Fondo.
Si bien el Fondo no se pronunció de manera oficial sobre las medidas, en su último staff report hizo especial referencia a la necesidad de ajustar el gasto, especialmente en tarifas para mantener “ordenado” el rumbo del programa, que deberá volver a ser revisado en noviembre, pasadas las elecciones generales.
En Washington, los directores más duros del board cuestionan al equipo técnico del FMI y a la directora gerente Kristalina Georgieva por su “mano blanda” con la Argentina y amenazan con levantar el programa con el país. Mientras, los auditores pidieron informes a consultoras privadas para ver si los anuncios de Massa tienen consistencia fiscal con el acuerdo.
Pero el ministro de Economía pretende hacer la vista gorda a las amenazas de los auditores y del board. En su opinión, ya devaluó un 22% para cumplir con los pedidos del FMI y retruca que las medidas están cubiertas con el impuesto a las importaciones. También siente que Valdés apostó a una desestabilización para boicotear su candidatura y considera que la relación está rota.
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“Buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes”, expresó Massa.
El Gobierno defiende que el “bache” de ingresos que generen sus últimas decisiones se cubrirá a través de un aumento del consumo, aunque analistas privados alertan que generarán más déficit, lo cual complicará aún más el cumplimiento de la meta estipulada con el FMI, que establece que este año el rojo fiscal primario debe ser de 1,9% del PBI en 2023.
