El reconocido y mediático abogado de los famosos, Fernando Burlando, llega a la provincia para encabezar la defensa de empresa Garder Salud ID, de Eduardo Guzmán y de Marilina de la Fuente, director médico y administradora de la firma, respectivamente, quienes están involucrados en una denuncia que realizó la Obra Social Provincia por haber cobrado servicios que no prestó.
Burlando arriba a San Juan para sumarse al bufet de abogado, ya que consideran que hubo "graves irregularidades cometidas en el procedimiento llevadas a cabo contra la empresa", explicó su colega Gabriel Silva. También expresó que como jefe y cabeza del estudio, "ha decidido tomar participación personal" y agregó que llega este jueves a las 20 y permanecerá hasta el sábado.
Silva aseguró que durante el procedimiento hubo "distintos actos discriminatorios por parte de los funcionarios" y que "dejaron sin trabajo a profesionales que estaba brindando un excelentísimo servicio". Asimismo dijo que ha reunido reclamos de pacientes que quieren que vuelva la empresa.
El caso
La empresa Garder, cuyos dueños están imputados por su presunta responsabilidad en un fraude contra la Obra Social Provincia (OSP), quedó en la mira por una nueva denuncia de la entidad sanitaria. Ahora, bajo la sospecha de haber facturado prestaciones médicas que no realizaron, pero, además, por un hecho más complejo: la falsificación en al menos dos oportunidades de documentos de una clínica privada. Al parecer, la maniobra se realizó para hacer creer a la OSP que se efectuó una intervención para una internación domiciliaria cuando, en realidad, nunca ocurrió. Por ese tratamiento, la firma facturó el servicio a la entidad pública, por lo que habría habido un giro indebido en perjuicio de las arcas de la obra social. La presentación judicial fue confirmada por fuentes oficiales, pese a que el titular de la OSP, Miguel Greco, no atendió los llamados de este medio. No fue lo único, ya que las fuentes indicaron que Garder fue excluida de la lista de proveedores de la OSP, por lo que ya no podrá brindarle servicios. Como la primera denuncia, que ocurrió hace 10 meses, la de ahora cayó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera.