El padre Grassi pidió libertad condicional, tras cumplir la mitad de la condena por abuso de menores

El padre Julio César Grassi solicitó la libertad condicional, tras haber cumplido en prisión más de la mitad de su condena por abuso de menores, mientras que el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, expresó a Télam que se opondrá "rotundamente" a este pedido, que significa "un fuerte golpe para las víctimas".

En declaraciones con esta agencia, el letrado, que representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), manifestó que "aún no han sido notificados" y su "oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal".

El beneficio fue solicitado por el abogado defensor del eclesiástico ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón, según fuentes judiciales.

"Que no cumpla la condena estipulada es otro fuerte golpe para las víctimas. Es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas", precisó el abogado, que lideró la investigación que condujo al religioso a prisión.

Y agregó que "liberar a Grassi antes del vencimiento de la pena constituye un escándalo internacional" ya que este caso "marcó un antes y un después en la lucha contra la pedofilia en el ámbito eclesiástico".

En tanto, el pasado 28 de junio de 2022 la condena por abuso al sacerdote Julio César Grassi, que en principio regía hasta el 7 de agosto del 2026, fue extendida dos años tras una apelación presentada por la querella, a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio llamado "dos por uno".

El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó extender la condena hasta el 30 de mayo del 2028, con lo cual comienzan a regir desde 2013 los 15 años a los que fue condenado el sacerdote.

Grassi, de 67 años, fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón el 10 de junio de 2009 a la pena de quince años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima.

Esto es reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que, a su vez, concurrieron formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, por los hechos cometidos en noviembre y de diciembre de 1996 en la Fundación Felices los Niños de Hurlingham.