La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de un exfuncionario judicial de San Isidro acusado de encubrir a narcos en los crímenes de tres ciudadanos colombianos asesinados en 2008 y 2009, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Rodrigo Caro, quien solicitó ser sobreseído en el expediente, planteo que ya había sido rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín y la Cámara Federal de Casación Penal.
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Según las fuentes, ante estos reveses, la defensa recurrió a la Corte Suprema, que finalmente desestimó su pedido en un fallo con la firma de su presidente, Horacio Rosatti; y las de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
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Caro está procesado por el delito de “encubrimiento agravado”, al igual que el exjefe de los fiscales de San Isidro, Julio Novo.
Sin embargo, Caro solicitó su sobreseimiento por considerar que no existen pruebas suficientes para ser sometido a juicio oral y recordó que por los mismos hechos ya fue absuelto en su momento por el jurado de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la sala IV de la Cámara Federal sostuvo que tanto Novo como Caro “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación sobre el doble asesinato de Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos.
Estos dos ciudadanos colombianos fueron asesinados a tiros el 24 de julio de 2008, en la playa de estacionamiento del Shopping Unicenter, en el conurbano bonaerense.
Mientras que un tercer ciudadano colombiano Juan Sebastián Galvis Ramírez (34), fue asesinado el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en avenida Del Libertador 1999, de San Fernando.
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MÁS DE 11 AÑOS DEL CASO
La causa por el presunto entorpecimiento en la investigación de estos hechos se originó en 2012 a partir de la denuncia en la Justicia Federal que presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco Elisa Carrió y el exdiputado provincial Marcelo Saín para pedir el Jury de Enjuiciamiento del exfiscal general de San Isidro.
Ante esta situación, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, y a sus adjuntos Caro y Eduardo Vaiani de sus cargos, mientras que el primero de ellos finalmente renunció en 2017.
En la causa también fueron procesados -todos sin prisión preventiva- las entonces secretarias de los fiscales secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento que se le atribuye a Novo fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de los tres colombianos mencionados y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea y condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaína en su jet privado.
Cuando pidió los procesamientos de Novo y cuatro de sus colaboradores, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, sostuvo que los imputados obstaculizaron la investigación de los crímenes de los colombianos para proteger al empresario Gustavo Juliá
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