La tranquila localidad de Sevigné, ubicada 157 kilómetros al sur de La Plata, se vio alborotada con la posibilidad de construcción de una cárcel que impulsa el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak.
El proyecto parecía enterrado luego del intento de la exgobernadora María Eugenia Vidal, allá por el año 2016, que se enfrentó a una fuerte resistencia de los vecinos en 2016. A las quejas se sumaron habitantes de la ciudad cabecera de Dolores y los de Castelli, localidad ubicada a apenas 15 kilómetros de la eventual sede carcelaria y la idea quedó frenada.
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Luego de varios años, un posteo del candidato a intendente de Unión por la Patria en Dolores, Juan Pablo García, confirmó avances para la reactivación de la construcción y echo por tierra la calma de los lugareños.
Es que la noticia estuvo lejos de despertar el optimismo imaginado por el candidato. “Todos vamos a estar de acuerdo en que es una buena noticia porque significa más puestos de trabajo, trabajo con aportes jubilatorios y obra social, y porque cuando hay trabajo crece el comercio local” expresó en un video.
El planteo fue revalidado por un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense. A través de un escueto comunicado, se informó que Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio el visto bueno a la construcción a partir de los estudios de factibilidad realizados. Se cree que el proyecto podría ser incluido en el Presupuesto 2024.
Desde ese momento, los vecinos comenzaron a movilizarse y a tejer redes para visibilizar su rechazo a la iniciativa. Luego de las protestas, el candidato Juan Pablo García, volvió a reunirse con los vecinos para tratar de explicarles los beneficios del proyecto.
Dos intendentes se suman al reclamo de sus vecinos contra la cárcel
En las últimas horas, vecinos de Sevigné se reunieron con el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren (Juntos) y le manifestaron “su negativa ante la posibilidad que se construya una Unidad Penitenciara por parte de la Provincia de Buenos Aires”, una idea que llegó a la localidad a través del candidato local a Intendente de Unión por la Patria, Juan Pablo García, según reseñó el municipio.
A través de un petitorio, los vecinos le pidieron al jefe comunal que realice las gestiones necesarias para evitar la construcción de la cárcel para evitar perder “la tranquilidad y la calidad de vida que hoy tienen”.
Aunque en 2016, el alcalde se mostraba a favor de la construcción de la sede penitenciaria, luego modificó su postura y priorizó alternativas para el pueblo a partir de un proyecto vinculado a revalorizar los atractivos turísticos del lugar.
Desde Castelli, el intendente Francisco Echarren (Unión por la Patria) se mostró abiertamente en contra del proyecto para construir una cárcel en Sevigné.
A través de una carta a sus vecinos, refirió que escucharon “con mucha preocupación que algunos pretenden retomar el proyecto de construir una cárcel en Sevigne, a pocos kilómetros de Castelli” dijo.
“Nos preocupa mucho porque sabemos, por estudios científicos, que donde se instala una cárcel cerca de una ciudad, los índices de delito aumentan considerablemente, se instala gente de otros lugares y el mapa social de la ciudad se modifica para mal” advirtió el Jefe Comunal.
Y cargó contra quienes “defienden esta absurda idea lo hacen con el argumento que generaría trabajo. Lo único que van a hacer es arruinar la vida de los vecinos de Sevigne y Castelli, ya que nuestro pueblo es el lugar de referencia para los vecinos de esa localidad” sentenció.
En ese sentido, Francisco Echarren advirtió: “Si uno quiere generar trabajo desarrolla industrias y atrae inversiones, no arruina la tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y ciudades del interior. Estoy absolutamente en contra de la Cárcel, no quiero que nos quiten la seguridad y la tranquilidad” lanzó.
Incluso aseveró que desde el Municipio presentarán un amparo judicial “porque esto representa una clara amenaza a nuestra forma de vida, si quieren instalar una cárcel que la ubiquen en un lugar que no nos afecte a los Castellenses” dijo.
Por último, se diferenció del intendente de Dolores: “Estuve en contra hace 5 años y estoy en contra ahora, no modifico mi postura por conseguir más o menos votos en una elección” expresó.
La problemática de la sobrepoblación carcelaria es uno de los grandes obstáculos que no ha logrado revertir el ministerio de Justicia que encabeza Julio Alak. Pese a las nuevas alcaldías, organismos de Derechos Humanos han denunciado sistemáticamente condiciones de hacinamiento en las cárceles.
En ese marco, el Plan de Infraestructura Penitenciaria prevé la construcción de 12 mil plazas nuevas en la Provincia, una valiosa iniciativa que ha mostrado avances y que, en caso de concretarse en su plenitud, podría mitigar los reclamos por las condiciones de alojamientos de los internos.
Sin embargo, la elección de las sedes no solo requiere factibilidad técnica sino también del acompañamiento de los pueblos en los que se planifican las nuevas cárceles para que los cambios sean acompañados por sus comunidades.
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