¿Qué diablos son los vouchers?

En la discusión sobre cómo se debe financiar la educación se está de acuerdo en la necesaria participación del Estado. Lo que se debate es su grado, sobre todo cuando la visión dominante de la teoría económica señala la ineficiencia inherente del Estado y la falta de incentivos de mejora dentro de sus estructuras. A esto último, se le responde desde otras visiones, que la educación no es un servicio asimilable in totum a un razonamiento basado solo en criterios de eficiencia. Además, porque la naturaleza de la actividad privilegia la equidad por sobre otras consideraciones y porque sus resultados y objetivos, amplios y complejos, son difíciles de medir.

En este debate se suman otras temáticas que complejizan la discusión: los objetivos de equidad y de justicia redistributiva que deberían perseguir los sistemas educativos públicos; la naturaleza más cooperativa que competitiva del aprendizaje (es decir, que para aprender se requiere de un colectivo: docentes, compañeros de clase y un clima institucional apropiado); la discusión sobre qué decimos cuando hablamos de calidad educativa y sobre las razones por la cuales una familia elige una escuela, que no se reducen a la variable calidad de los aprendizajes (tradición familiar, cercanía geográfica, proyecto educativo, deporte, son otras de las razones que motivan las elecciones escolares). Aquí solo mencionamos los intercambios más relevantes que suceden en la disciplina economía de la educación que exceden, y por lejos, la cuenta simple de costo/beneficio.

En la política local se trajo a la palestra el denominado sistema de voucher, que introduciría una lógica de mercado en el sistema educativo para incentivar la competencia entre escuelas, mejorar su calidad y eficientizar el uso de los recursos provistos por el Estado. La metodología propuesta funciona así: el Estado le entrega un cupón (voucher) a la familia, equivalente a un valor monetario, que esta transfiere a una escuela que elige. Esta, a su vez, lo debe canjear con la autoridad competente para obtener ese dinero provisto por las familias y usarlo para su financiación institucional. Este mecanismo es un “subsidio a la demanda”, dado que entiende que son las familias las que mejor saben qué les conviene. Por lo tanto, deben participar en la elección de las escuelas de sus hijos, incluso en un sistema público.

Este instrumento tiene la intención de generar competencia para atraer estudiantes a las escuelas de más calidad, activando incentivos de mejora en las instituciones para que eso ocurra. Es un sistema que tiene muchas variantes (se puede combinar el voucher con más dinero sumado por la familia, por ejemplo), pero aquí describimos su versión “clásica”. ¿Qué críticas se le pueden hacer a este sistema? En primer lugar, las escuelas no tienen fines de lucro ni buscan maximizar beneficios; en segundo lugar, los docentes no siempre quieren más alumnos en las aulas por razones pedagógicas; en tercer lugar, la competencia entre escuelas se puede ver afectada por razones geográficas (me queda más cerca una menos calificada y por razones de transporte, recursos económicos o trabajo no puedo llevar a mis hijos a otra mejor); cuarto, las escuelas no tienen la capacidad de reaccionar al aumento de la demanda (a que más alumnos quieran ir a ellas y construir más infraestructura, aulas, para tal fin) como las empresas; quinto, esta visón no contempla lo que se llaman condiciones de educabilidad. Este concepto hace referencia a que la asistencia a la escuela implica ciertas pautas culturales compartidas y otras socioeconómicas que se traen desde el hogar. Por ejemplo: saber cumplir rutinas, aceptar la autoridad y ciertas reglas, contar con los recursos necesarios para acceder a los materiales y útiles escolares, y disponer del estímulo y acompañamiento de los adultos.

Por último, en contextos como el argentino, ahogado de asimetrías y desigualdades crecientes, establecer dentro del sistema educativo una competencia escolar bajo las reglas del mercado agudizaría aún más estas realidades vergonzosas que supimos construir. Es relevante agregar que, desde el mundo académico, no hay pruebas concluyentes que permitan decir que el modelo de voucher sirva para lograr los objetivos que persigue. Una de las razones que fundamentan esta conclusión es que las experiencias donde se aplicó siempre fueron puntuales o reducidas en cuanto a la cantidad de instituciones escolares. Esto no permite sacar conclusiones amplias sobre sus resultados. Además, como en muchos debates de la economía de la educación, las aguas se dividen acerca de la factibilidad o no de tal propuesta aplicada a la escala de un sistema educativo.

Lo claro es que reducir la educación a un servicio adquirible por consumidores en un mercado competitivo para maximizar un objetivo de aprendizaje es simplificar groseramente la experiencia educativa y lo que esta supone a nivel individual, familiar y social. Por otra parte, la virtud del debate generado, nobleza obliga, estriba en provocarnos a pensar en cómo mejorar nuestro sistema educativo sin preconceptos. Eso es valioso.

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