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Esteban Rojas y Margioni Bermúdez
Yusmary ha llegado a gastar en agua la mitad del dinero que gana en la semana. Isora acude al mercado negro por cilindros de gas para cocinar. Rodrigo, entre apagones, compró grupos electrógenos para su casa y su negocio. Sálvese quien pueda.
Fallas crónicas de los servicios públicos en Venezuela provocan una “privatización” de facto, informal y caótica, con la población forzada a cubrir con recursos propios el vacío que deja la inoperancia de las redes estatales.
“La gente tiene que resolver y seguir su día a día”, declara Jesús Vásquez, director de Monitor Ciudad, una ONG que monitorea agua, electricidad y gas en Caracas y cuatro estados de este país de 30 millones de habitantes. Las protestas por la situación son frecuentes.
“¡Llegó el agua!”, se oye en La Jota, en la barriada popular de La Vega, en Caracas. Todos llenan a la carrera baldes y bidones que acumulan como reserva.
Yusmary Gómez, de 36 años, madre de un muchacho de 18 y una niña de 4, suele recibir agua cada 15 días, pero la escasez puede ser peor: “El año pasado estuvimos sin una gota tres meses y medio”.
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Tiene un tanque de 800 litros regalado por un político en campaña electoral. El agua que le llega es amarillenta, por lo que compra botellones de 20 litros en el comercio donde trabaja, para beber y cocinar. Si la sequía se alarga, debe usarlos para otras necesidades.
Los anota en una lista y, al cobrar su salario, su jefa se los descuenta. Llenar dos cuesta un dólar.
“Cobro 30 dólares a la semana y me ha tocado que me paguen 15” una vez descontado el precio del agua, relata Yusmary.
Monitor Ciudad estima que los caraqueños, en promedio, reciben agua en 60 de las 168 horas de la semana.
Pagar 70 dólares por camiones cisternas es común entre la clase media. Y en zonas más acomodadas, perforaciones privadas de pozos pueden costar 20.000 dólares, que costean entre vecinos de las calles beneficiadas. El sueldo promedio en el país, según estimaciones privadas, es de 150 dólares mensuales. El salario mínimo es menor a 5 dólares.
El presidente Nicolás Maduro lanzó el programa ‘1x10 del Buen Gobierno’.
El Estado recibe en una aplicación móvil reportes de comunidades y envía brigadas que reinauguran acueductos, asfaltan vías o reacondicionan ambulatorios.
Maduro culpa a las sanciones de EE UU contra Venezuela por la crisis; pero entre desinversión y denuncias de corrupción el colapso de servicios empezó años antes de esas medidas.
El agua no es lo único que falla en La Jota. Isora Bazán se queja de intermitencias en la distribución de garrafas de gas doméstico. Cuando hay retrasos en el reparto, acude al mercado negro.
“Dejo de comprarme medicamentos para ir a comprar el gas”, dice esta jubilada de 61 años.
En una avenida, revendedores ofertan cilindros de gas entre 10 y 20 dólares. Isora recibe una pensión mensual inferior a 5 dólares.
Sólo 17 por ciento de la población cuenta con gas por tubería, según Monitor Ciudad.
A Felicinda Mendoza, vecina de 74 años en La Vega, un “bajón” de corriente le dañó la heladera: “La luz falla mucho. Se va y viene, se va y viene (...) Anteayer saqué la carne, el pollo, el poquito de comida que tenía. Todo podrido”.
Los apagones son una pesadilla, en especial en la provincia, donde pueden prolongarse por horas.
El estado Zulia (oeste) los sufre cotidianamente. “Si no buscamos la manera de resolver estas cosas nos morimos infartados”, cuenta Rodrigo Crespo, comerciante de 35 años que compró dos pequeñas plantas generadoras de energía, una para su casa y una para su negocio en Los Puertos de Altagracia, pueblito vecino a la capital zuliana, Maracaibo. Cada planta cuesta 350 dólares.
Mantenerlas requiere unos 100 dólares mensuales. Una funciona con nafta, que escasea, así que Rodrigo depende de revendedores. La otra opera con gas.
El colapso de la educación y la salud pública completa la ecuación. La hija de Yusmary suele perder clases por falta de agua en un preescolar estatal. “Nos mandan un mensaje (por teléfono): no hay agua y por lo tanto no hay actividad”, relata.
Se hizo habitual, desde la pandemia de coronavirus, que los estudiantes de escuelas públicas tengan clases apenas dos o tres días por semana ante el retiro de profesores por bajos salarios.
Un pequeño colegio privado es una alternativa para Yusmary: “¡A mí me encantaría!”. Su hijo mayor, que comenzó a trabajar en un ‘call center’, prometió ayudarla a pagar la mensualidad de 30 dólares.
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