“En jaque”. Lapidaria queja contra una “imposición” oficial tras la devaluación y alertan por subas de hasta 32%
La Copal y la Amcham cuestionaron que el Gobierno busque imponer un sendero de aumentos de 5% mensual por 90 días; estiman que en las actuales condiciones la propuesta de Economía “no es viable”
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LA NACIONFrancisco Jueguen
Las empresas cuestionaron con la mayor presión ejercida por el Gobierno sobre el sector privado para evitar el traslado de la devaluación a precios y alertaron por aumentos de costos de hasta un 30%.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) criticaron hoy en un comunicado y en una carta a las autoridades el intento del Ministerio de Economía, de imponer, a través de una nueva unidad que dirige Guillermo Michel e integrada por la Aduana, la AFIP, la Secretaría de Política Económica y la de Comercio, una política de precios a las empresas privadas. Las compañías indicaron que, tras el salto del dólar oficial, no son acuerdos sostenibles ni viables. La nueva Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios creada esta semana es conducida por el hombre de máxima confianza del ministro de Economía, Sergio Massa.
“Copal entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”, arranca el comunicado.
“A pesar de que la Industria de Alimentos y Bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable”, estimaron y agregaron: “Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el Gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.
“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”, indicaron en Copal y agregaron que “sólo en las últimas tres semanas”, los principales costos de producción aumentaron en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. Recordaron que se proyectan paritarias del 140%.
El Gobierno busca la renovación de Precios Justos con ventanas de aumentos de 5% por mes por los próximos 90 días. Sumará un supuesto menú de beneficios fiscales prometidos por el Palacio de Hacienda, que incluye desde la exención del pago del Impuesto PAÍS a las importaciones o la posibilidad de aplicar certificados de no retención de IVA, entre otras, como una posible baja de retenciones. El menú de opciones, prometieron en Economía, se publicará en un decreto. Sin embargo, en los últimos días, las empresas ya habían comenzado a mostrarse reacias a aceptar el acuerdo.
“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, arremetieron los industriales.
El Ministerio de Economía ya había dejado trascender dos datos anticipatorios sobre su endurecimiento hace dos fines de semana atrás. El primero, que las empresas se habían cubierto vía precios de más –según el análisis del viceministro, Gabriel Rubinstein, sobre rentabilidad empresaria– en la previa electoral. Creen entonces que el sector privado puede absorber parte de la devaluación. El segundo, que la devaluación fiscal (la generalización del Impuesto PAIS a la importación), provocaba un impacto de sólo 1,2% en los costos.
Las empresas de Copal indicaron que se trabaja en un contexto de “total incertidumbre” para operar. Cuestionaron las “restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales”. Agregaron que tales situaciones se suman los “descalces financieros y la deuda comercial” por los “extensos plazos” asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. “Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, también las que se asocian en primer lugar a la producción”, señalaron las empresas del sector alimenticio.
“A su vez, a raíz de la devaluación que llevó el dólar oficial mayorista a $350, los sectores exportadores adheridos al Programa Incremento exportador han dejado de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba, ya que ha quedado desactualizado el esquema”, indicaron sobre el programa del dólar agro vigente hasta el 31 de agosto.
“En ese sentido, el contexto se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos y se ven en la necesidad de requerir de forma urgente a las autoridades, un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción”, dijeron.
Las empresas de EE.UU.
En una carta de la AmCham enviada al Ministerio de Economía -publicada por el sitio Infobae- se argumentó que los costos subieron entre 15% y 32% en las últimas dos semanas y también se describió a la propuesta oficial como “inviable”.
“Además, esta situación se vio agravada con la reciente devaluación del 14 de agosto del 22%, la aplicación del Impuesto País del 7,5% (según decreto 377-2023) y el incremento de costos durante los últimos 3 meses, altamente por encima del aumento de precios considerado según el acuerdo que venció esta semana. De hecho, en las últimas dos semanas los costos de producción ponderados han aumentado entre un 15% y 32%, lo cual vuelve absolutamente inviable el primer aumento propuesto del 5%”, remarcó el presidente de AmCham, Alejandro Díaz, quien firma la misiva para Massa.
“Habrá reapertura paritarias de camioneros al 140%, proveedores aumentando entre 25% y 30% y condicionando la entrega de la materia prima o el producto intermedio, para mencionar solo algunos condicionantes”, señalaron. Las empresas norteamericanas cuestionaron que el Gobierno incumplió la garantía de acceso al tipo de cambio (a través de la readecuación del CEF o del reperfilamiento de las fechas de pago de las SIRA) a la hora de cumplir los acuerdos.
Luego se hicieron propuestas. “Para el primer ajuste, el Gobierno debería coordinar con los canales de comercialización la aceptación de las listas de precios presentadas por las empresas, esta semana o a presentar, y que buscan reconocer el impacto parcial, pero al menos más aproximado a la realidad de nuestras empresas, en lugar del 5% propuesto”, dijeron.
“Asimismo, proponemos para el segundo ajuste mensual, autorizar, como parámetro de actualización de los precios, la inflación de agosto menos 0,5 puntos porcentuales y para el tercer ajuste, a realizarse en octubre, tomar la inflación de septiembre menos 0,5 puntos porcentuales, en línea con esquemas anteriores implementados con otras industrias y en lugar del 5% y 3% propuestos”, sumó.
“Entendemos que desde el Gobierno se busca llegar a un acuerdo o, al menos, a una solución consensuada respecto de esta situación. Aun así, nos queda la sensación de que se están estableciendo unilateralmente condiciones que las empresas se verían obligadas a cumplir, mientras se postulan consecuencias negativas que sufrirán quienes no se plieguen a dichos requisitos”, criticó Díaz.
